Un juzgado anula una sanción a un conductor denunciado por un vídeo de redes sociales


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Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid anula la multa de 500 euros impuesta a un conductor por un adelantamiento temario, en base a unas imágenes publicadas en redes sociales. El juez considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que no fue admitida ninguna prueba en contrario.

“Este es el peligro de las redes sociales y las denuncias públicas de multas de tráfico” advierte la asesoría jurídica de Pyramid Consulting, que llevó la defensa del denunciado, y del cual no se pudo demostrar que estuviese en el lugar de los hechos, ya que “ni el vídeo se incorpora al expediente ni el Agente vio la infracción”, remarca la asesoría.

El hombre fue denunciado, en base a una grabación difundida en una red social, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 3.1 del R.G.C, al realizar una maniobra de adelantamiento a dos vehículos y un grupo de ciclistas en un tramo de vía donde no está permitido el adelantamiento, por ser un tramo de visibilidad reducida.

Presunción de veracidad
Hay que tener en cuenta, según manifiesta la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, y a la que hace refiere la sentencia, que “cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por un Agente no puedan ser desvirtuados mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los hechos denunciados”.

Pero en el presente caso, se da la circunstancia de que la denuncia no es observada directamente por agentes de tráfico, sino que se fundamenta en la publicación de un vídeo en una red social. Y es que la ratificación del agente hace referencia a ese vídeo, el cual no consta en el expediente y al que la defensa no tuvo acceso.

Falta de pruebas
Además, el denunciado, quien en todo momento negó estar en dicho lugar, solicitó varias pruebas que pudiesen demostrar que el citado coche que realizó el adelantamiento temario no era el suyo, pero todas fueron desestimadas sin ningún tipo de explicación por la administración. Éstas fueron: acceso a la filmación de la infracción, croquis del lugar donde sucedieron los hechos, el informe del lugar en el que se encontraba el denunciante y el interrogatorio de éste.

Por ello, el juez entiende que con dicha inadmisión de pruebas se ha producido indefensión del recurrente, desvirtuado así la presunción de inocencia, ya que la mera denuncia y ratificación no constituye una presunción absoluta, sino que cabe prueba en contrario y éstas eran precisamente las propuestas por el recurrente, teniendo en cuenta las circunstancias de este caso y no la mera ratificación de la denuncia.

Finalmente, el juez anula la resolución y la sanción impuesta de 500 euros y 6 puntos e impone las costas a la administración.
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19 de junio de 2022
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